Una de las reformas de mayor impacto para la justicia penal en México se experimenta en 2008; reforma que establece los principios rectores que sostienen al sistema penal acusatorio y conmina a una serie de adecuaciones normativas, operativas e institucionales.
Para su instrumentación se vinculan esfuerzos puntuales. Por un lado, la capacitación del operador del sistema de justicia penal y, por otro, amplios desafíos para que la formación del nuevo jurista permita el desarrollo de las competencias profesionales y garantice la operación efectiva de una justicia penal pública e imparcial.
La obra reúne los puntos medulares de adecuación curricular que identifican competencias genéricas y transversales, a la luz de los nuevos requerimientos formativos, disciplinares, pedagógicos, didácticos y evaluativos.
Asimismo, da cuenta del surgimiento de temas coyunturales y emergentes para la justicia penal, y recoge las experiencias en las universidades del noroeste del país relatando los ajustes didácticos, de cartas descriptivas y curriculares, que se han moldeado de manera eficaz en el área de derecho penal.
En el libro se reconoce la importancia de la formación del jurista como eslabón sustancial para el éxito del sistema penal acusatorio, y se exhorta al análisis de un tema por demás vigente.